Mediante la firma del Decreto Reglamentario de la Ley Nº 9.535, el Gobierno provincial avanzó sobre el arancelamiento de la atención a la salud para personas extranjeras “no residentes”. La medida integra una reforma sanitaria más extensa impulsada por el Gobernador Alfredo Cornejo y podría afectar alrededor de 3.000 personas por año en esa provincia.
Desde este 24 de julio, las personas extranjeras sin residencia permanente deben pagar todas las prácticas de salud que se realicen en hospitales públicos de Mendoza. Los costos varían según el tipo de intervención: una atención por guardia tiene el valor de $13.000 pesos argentinos, mientras que otras más complejas, como un día de internación en terapia intensiva o un parto, oscilan entre los $400.000 y 700.000 pesos.
Según datos oficiales del Ministerio de Salud de la provincia, el porcentaje de migrantes (con residencia permanente o no) que ha recibido atención en hospitales públicos de Mendoza se ha mantenido constante en las últimas décadas y representa apenas un 3% de los y las pacientes que fueron asistidos en hospitales públicos. Si a esa cifra le restamos el porcentaje de extranjeros/as que sí tienen la residencia permanente, y por tanto no son alcanzados por el Decreto, el número de atendidos es aún menor.
Entre los argumentos esgrimidos por el Gobierno para justificar la medida, se destaca la necesidad de mejorar el servicio público de salud que las y los mendocinos solventan mediante el pago de impuestos. En este punto, vale la pena señalar que las personas migrantes que residen en la provincia también contribuyen con la recaudación y lo hacen de la misma manera que las nacionales, independientemente de tener o no regularizada su situación migratoria.
¿A quiénes afecta esta nueva medida?
El Decreto define que la atención será arancelada para aquellas personas “no residentes”, es decir, quienes cuentan con una residencia transitoria o precaria. Esto significa que una persona que está tramitando su permanencia en la Argentina, que tiene voluntad manifiesta de vivir aquí, pero que aún no cuenta con un documento debido al tiempo que demora el trámite, debe pagar por la atención de su salud. Lo mismo para una familia que llega a nuestro país y solicita ser reconocida como refugiada porque en su lugar de origen corre riesgo o está puesta en jaque su seguridad. También en ese caso, según el nuevo Decreto, las y los integrantes del grupo familiar quedan excluidos de la posibilidad de atenderse de forma gratuita en un centro de salud hasta que las autoridades competentes resuelvan el caso, algo que puede demorar años. Es decir que la condición migratoria, para el Gobierno de Mendoza, define el tipo de acceso a que una persona tendrá a un derecho tan básico como la salud, desconociendo no sólo la Ley Nacional de Migraciones (Nº 26.165), que obliga al Estado a garantizar derechos como la salud, la educación o la justicia a una persona extranjera en igualdad de condiciones que una nacional, sino también los tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución como la Convención sobre los Derechos del Niño/a, entre otros.
La medida adoptada por el Gobierno de Mendoza obstaculiza el acceso a la salud de la población migrante que reside en la provincia y pone en riesgo sanitario a toda la sociedad mendocina. Además, consolida una imagen distorsionada de la realidad, responsabilizando a las y los extranjeros de la crisis económica que afronta el sistema de salud de la provincia.
Por lo tanto, desde la Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes (CAREF) y la Asociación Ecuménica de CUYO (FEC), manifestamos nuestra enorme preocupación por el Decreto publicado recientemente en Mendoza, que lamentablemente se suma a una lista cada vez más grande de normativas provincias que ubican a las personas extranjeras como chivos expiatorios de la crisis que afrontamos en el país; también instamos al Gobierno liderado por Alfredo Cornejo que garantice el derecho a la salud de todas las personas que viven en el territorio.
