CAREF, el CELS y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que inste al Gobierno argentino a derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 942/2024 por afectar garantías de debido proceso y el derecho a solicitar y recibir asilo. Además, plantearon la necesidad de que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo y, en particular, que garantice la idoneidad de las y los funcionarios abocados a la tarea de analizar y resolver dichas solicitudes.
Este 3 de marzo a las 9 de la mañana de Washington tuvo lugar la audiencia ante la CIDH sobre los riesgos que corren las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Argentina. Participaron representantes de la sociedad civil, del Estado Nacional y del ACNUR quienes expresaron sus preocupaciones ante comisionadas y comisionados.
El Decreto modifica aspectos sustanciales de la ley, y pasa por alto cada una de las instancias, experiencias y necesidades que llevaron a su sanción. En este sentido, elimina la posibilidad de recurrir una decisión negativa en la instancia administrativa, estableciendo un plazo de sólo 5 días para interponer un recurso judicial para el que se requiere abogado. Además, amplía arbitrariamente las causales de exclusión menoscabando el principio de inocencia y el carácter humanitario, apolítico y solidario del estatuto de persona refugiada.
“Con la publicación del DNU N° 942/2024 en octubre del año pasado, la modificación de la composición de la CONARE (Comisión Nacional para los Refugiados) y la reglamentación de la Ley de Refugiados a puertas cerradas, el Estado incumple con pactos internacionales vigentes e introduce medidas regresivas con relación a los estándares sobre protección internacional. Expresa una mirada sesgada que afecta de manera directa la protección de las personas refugiadas y solicitantes de asilo con un ataque sistemático a los derechos y garantías que pretende justificar a través de una mirada unidimensional e ideologizada del concepto de seguridad nacional. El resultado es una afectación directa e ilegítima del derecho a buscar y recibir asilo de la Convención Americana”, mencionó frente a las autoridades Gabriela Liguori, Directora Ejecutiva de CAREF.
Por su parte, Juliana Miranda, Coordinadora del Equipo de Trabajo Internacional del CELS, señaló que el argumento del terrorismo fue la excusa para modificar la política argentina hacia las personas que llegan al país como refugiadas. “El criterio de protección de derechos que primaba, y que había sido reconocido internacionalmente por distintos organismos internacionales, viene siendo reemplazado por otro centrado en la ‘seguridad nacional’, como si la política de proteger a quienes piden asilo fuera una fuente de amenazas. En este criterio se basó, precisamente, la incorporación del Ministerio de Seguridad a la CONARE”.
Luego fue el turno del sacerdote jesuita Julio Villavicencio, del Servicio Jesuita a Migrantes, quien aseguró que no existen datos oficiales que respalden la afirmación de que el asilo es utilizado de manera fraudulenta o que sea una vía sistemática para el ingreso de personas vinculadas a actividades delictivas en Argentina. “La estigmatización de ciertos grupos nacionales no solo carece de fundamento, sino que además pone en riesgo la integridad y seguridad de quienes buscan protección, en abierta contradicción con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina”, dijo. Y agregó que “estamos acá por el compromiso con la dignidad humana, especialmente de quienes se ven forzados y forzadas a huir de sus países. Por eso, queremos hacer presentes a quienes han llegado a la Argentina con la esperanza -y el legítimo derecho- de reconstruir sus proyectos de vida libres de la persecución, la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos y la violación masiva de los derechos humanos”.
El Estado argentino respondió a la defensiva y evadió la responsabilidad de dar respuestas claras a los cuestionamientos técnicos de las organizaciones y de la Comisión. A su vez, el Estado aseveró que no existe ninguna norma que lo obligue a hacer partícipe a la sociedad civil en la reglamentación de las leyes, desconociendo la relevancia de los procesos participativos existentes en nuestro país, en multiplicidad de marcos normativos. La situación hoy es que el Estado, en lugar de llevar adelante una gestión seria y eficaz de los trámites administrativos, hace pagar esas falencias con la vulneración de los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo, estableciendo procedimientos inconstitucionales.
Las organizaciones solicitantes pedimos a la CIDH que inste al Estado argentino a fundamentar sus políticas y sus prácticas en el principio de no discriminación, a garantizar procesos consultivos amplios y a revisar las modificaciones realizadas al sistema de asilo para cumplir con sus obligaciones internacionales. Solicitamos además que realice una visita al país para escuchar las voces de las personas afectadas por estas políticas, las organizaciones que las acompañan y la Defensoría Pública especializada en la temática.
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