La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) derogó, mediante la Disposición 1547/2026 publicada en el Boletín Oficial el 6 de noviembre, el régimen que permitía otorgar autorizaciones de residencia precaria a personas extranjeras con órdenes administrativas de expulsión. La medida se inscribe en una política migratoria cada vez más excluyente, en la que el Estado irregulariza a las personas migrantes.
La disposición, firmada el 4 de noviembre, deja sin efecto la Disposición DNM 2229/2014. Esa norma, vigente desde el 1º de julio de 2014, habilitaba la emisión del certificado de residencia precaria en trámites de control de permanencia en los casos en que se hubiera ordenado la expulsión o la conminación a abandonar el país.
La residencia precaria es un documento que autoriza la permanencia regular en el territorio mientras se resuelve un trámite migratorio (artículo 20 de la Ley de Migraciones 25.871). Además, durante su vigencia permite transitar, ingresar y salir del territorio, trabajar y estudiar, aunque no garantiza que el trámite sea resuelto de manera favorable.
Una orden de expulsión o una conminación a hacer abandono del territorio no necesariamente se relacionan con un proceso penal. Son sanciones que pueden derivar del incumplimiento de un plazo o de la falta de presentación de documentación, entre otros requisitos. Por otro lado, tanto la conminación como la expulsión pueden ser revisadas en sede administrativa o en sede judicial, según sea el caso, si la persona presenta el recurso correspondiente.
Esto abarca, por ejemplo, a quienes tienen un documento vencido, como en el caso de las personas venezolanas que al no contar con su consulado operando en el país, no pueden renovar la documentación que exige su radicación y quedan en una situación irregular por una razón ajena a su voluntad.
Otro escenario frecuente es el de las personas extranjeras a quienes, a partir de las nuevas imposiciones del DNU 366/2025, se les exige acreditar solvencia económica. Esta medida obliga a que una familia tipo demuestre ingresos iguales o superiores a una Canasta Básica Total, fijada en $1.632.505 según el informe del INDEC correspondiente a septiembre de 2026. En la práctica, un hogar necesita percibir más de cuatro salarios mínimos para alcanzar esa cifra, lo que convierte un trámite en una barrera para gran parte de la población trabajadora.
¿Qué dice la nueva disposición?
La DNM fundamenta la derogación de esta Disposición en la nueva redacción del artículo 20 de la ley, introducida por el DNU 366/2025. Profundizando el retroceso para sostener un trámite de regularización, la disposición establece un obstáculo mayor: las personas extranjeras sobre las que pese una orden de expulsión o conminación a hacer abandono del territorio ya no podrán acceder a una residencia precaria y quedarán desprovistas de esta documentación básica.
La disposición señala que, a diferencia del artículo 69, el incumplimiento de una orden de expulsión es “responsabilidad exclusiva de la persona extranjera”. El artículo 69, sin embargo, prevé la permanencia de quienes tienen un proceso judicial abierto o un impedimento de la justicia para salir del país, situaciones en las que otro poder del Estado tiene interés en que la persona se quede. La disposición alcanza a quienes están en una situación precaria y tienen un problema administrativo. Por su parte, el art. 67 establece que la expulsión no implica desconocer otros derechos, como por ejemplo, los laborales. Sin embargo, una persona que no puede renovar su residencia precaria puede encontrarse con varios obstáculos en el ámbito laboral, incluso quedar expuesta a situaciones de abuso y explotación.
El Estado irregulariza
A partir de ahora, Migraciones no otorgará ni renovará la residencia precaria a personas respecto de las cuales se hayan dictado órdenes de expulsión o conminaciones a abandonar el país y las personas quedarán en condición irregular. La disposición 1547/2026 elimina una herramienta que brindaba un marco mínimo de regularidad migratoria a aquellas personas que se encontraban impugnando una orden de expulsión o una conminación a abandonar el territorio.
En términos reales, esta medida dejará a miles de personas completamente desprotegidas dentro del país, las empujará a la irregularidad, y quedarán sin posibilidad de acceder al empleo registrado, al estudio o a ser atendidos en un hospital.
Texto de la norma: Disposición 1547/2026 en InfoLEG.