Mediante un decreto, el Gobierno Nacional aumentó en 1500% el valor de los aranceles migratorios. La medida, que entró en vigencia el 5 de julio de este año, dificulta la regularización de la residencia y afecta principalmente a las personas migrantes más vulnerables.
Javier Milei firmó un decreto (Nº 584/2024) que eleva sustancialmente el valor de las tasas migratorias para los trámites de residencia temporaria y permanente, tanto para personas provenientes de países del MERCOSUR y los Estados asociados, como para aquellas oriundas de otras regiones. La normativa citada también modifica el costo de trámites como los certificados de residencia o de movimientos migratorios, entre otros.
Hasta los primeros días de julio, el costo de la tasa migratoria que debía abonar cualquier persona extranjera que deseara regularizarse resultaba accesible. A partir del nuevo decreto, las personas provenientes de países que no pertenecen al MERCOSUR deben abonar el equivalente al 42% de un salario mínimo, vital y móvil para iniciar el trámite, mientras que para las y los ciudadanos nacidos en países sudamericanos, representa alrededor del 21%.
Promover medidas que faciliten el acceso a la documentación, en especial para aquellas personas con menos recursos, redunda en el aumento de la regularidad entre quienes son migrantes en nuestro país, pero no provoca un incremento de la población extranjera. Además, favorecer la radicación consolida una sociedad más justa, porque promueve el trabajo registrado, reduce los delitos vinculados con las transacciones comerciales informales, dota al Estado de mayores capacidades para aumentar la recaudación previsional e impositiva, y facilita la inclusión de la población extranjera en estrategias de promoción de la educación y la salud, entre otros puntos relevantes.
Por lo tanto, desde CAREF queremos manifestar nuestra preocupación por las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional que, lejos de promover derechos, obstaculizan arbitrariamente la posibilidad de que las personas migrantes en condiciones de vulnerabilidad regularicen su situación. Nos parecen desproporcionados los nuevos valores de los aranceles, en especial en este contexto marcado por el desmantelamiento de las políticas sociales, la reducción de la tasa de empleo y la recesión económica. También queremos resaltar la importancia de contar con mecanismos transparentes para calcular el incremento de este tipo de tasas. En pocas palabras, pedimos que se garantice el acceso a la documentación de todas las personas migrantes que viven en el territorio nacional estableciendo procedimientos amplios y sencillos que promuevan la regularidad migratoria.
