Para inaugurar su gestión como ministra de seguridad del gobierno de Javier Milei, Patricia Bullrich presentó ayer un protocolo anti manifestaciones donde señaló, entre otros temas de suma gravedad, que si personas extranjeras participan de movilizaciones o cortes de calles, se brindarán sus datos a la Dirección Nacional de Migraciones. Aunque no especificó con qué objetivo, sabemos que la amenaza latente es la expulsión.
El protocolo de la ministra Bullrich, publicado hoy en el Boletín Oficial, es inconstitucional porque afecta el derecho a la protesta, así como también el derecho a peticionar a las autoridades y a la libertad de expresión y reunión. Por otro lado, si la mera participación en una manifestación constituye un acto que amerita ser informado a las autoridades, entonces también afecta el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. En relación con la Ley Nacional de Migraciones, vigente desde 2003, este protocolo implica, además de todo lo dicho anteriormente, un trato desigual entre nacionales y extranjeros/as, hecho claramente contrario a lo que dicha ley expresa.
Pero hay más. Amenazar a una persona migrante con la expulsión es darle donde más le duele: es someterla a vivir con la sensación de que expresarse puede significar la pérdida de su trabajo, de su casa, la distancia con su familia, la ruptura de los vínculos y redes construidas en el país donde eligió vivir. Es decir que, si un migrante se manifiesta, el castigo será ejemplar.
Por supuesto, nada de esto nos sorprende. En su anterior gestión como ministra de seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich fue impulsora del Decreto 70/2017 que facilitaba la expulsión de las personas migrantes ante cualquier hecho vinculado a un conflicto con la ley, aún antes de ser declaradas culpables.
Anoche, luego de la conferencia de prensa, decenas de organizaciones de derechos humanos manifestaron el repudio a estas medidas. Desde CAREF adherimos a cada palabra y quedamos en estado de alerta permanente. Hoy, a poco de conmemorarse el Día Internacional del Migrante y el vigésimo aniversario de la Ley Nacional de Migraciones, nos preocupa sobremanera el resurgimiento de discursos criminalizadores que recaen con una fuerza descomunal en los grupos más vulnerabilizados de la población, entre ellos las personas migrantes.
Argentina, que fue faro mundial en materia de acceso a derechos para migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, va dando señales de un profundo retroceso, desconociendo su propia historia y procesos sociales. Con mucha preocupación, rogamos no volver a la riesgosa y falaz costumbre de señalar al extranjero en momentos de crisis.
