El 28 de febrero de 2024, el Gobierno de la Provincia de Salta aprobó un decreto de necesidad y urgencia (129/24) que restringe el acceso a ciertas prestaciones del sistema público de salud a las personas extranjeras que no cuentan con DNI de residente permanente o de residente temporario. La medida se justifica en la emergencia económica declarada a nivel nacional y provincial; en la retracción del erario provincial debido al recorte de las transferencias nacionales y la disminución de la recaudación; en el alto índice inflacionario y en el encarecimiento de los insumos, medicamentos y otros elementos necesarios para garantizar la atención sanitaria. No hay ninguna duda de la difícil situación económica que atraviesa nuestro país y que afecta duramente a habitantes de todas las provincias, ciudades, pueblos y parajes rurales.
En este difícil contexto, la Provincia de Salta ha decidido que quienes son residentes transitorios o precarios (según los define la Ley Nacional de Migraciones) solo podrán acceder a prestaciones de urgencia o de emergencia, y que luego el Estado provincial arbitrará los medios para resarcirse de los gastos ocasionados. Para otras prestaciones, deberán contar con un seguro de salud o pagarlas de sus propios bolsillos. Además de la crisis económica, el argumento es que, a diferencia de quienes son residentes permanentes o temporarios, estas personas no contribuyen “al erario público mediante el pago de sus impuestos, que sostiene el sistema de salud público de la Provincia”.
Para despejar dudas, sería interesante que la Provincia de Salta haga públicas las estadísticas que muestran cuántas son, efectivamente, las personas extranjeras sin DNI que se atienden en el sistema de salud provincial, y para qué tipo de dolencias. ¿Se trata realmente de un gasto con impacto presupuestario? Durante la pandemia por COVID – 19 ¿cuál hubiera sido el costo epidemiológico de arancelar la atención de quienes presentaban síntomas que no llegaban a configurar una urgencia? En salud, 2+2 ≠ 4 (dos más dos no es cuatro), y lo que se ahorra en una moneda se paga con creces en otra.
Puesto que los ajustes de todo tipo están a la orden del día, desde CAREF quisiéramos realizar algunas precisiones respecto a la lamentable decisión del Gobierno de la Provincia de Salta y compartir algunas reflexiones, fruto de 50 años de trabajo en pos de los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en Argentina.
- “Residentes precarios” son las personas extranjeras que están tramitando su permiso de residencia. Ya han presentado sus papeles, han demostrado que no tienen antecedentes penales y han pagado la tasa migratoria. A la brevedad recibirán su DNI de residente extranjero. Mientras, con el certificado de “residencia precaria” pueden tramitar su CUIL y acceder a un trabajo registrado.
- También son “residentes precarios” quienes necesitan protección internacional y son solicitantes de la condición de refugiado. Por la propia naturaleza del procedimiento que lleva adelante la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), pueden estar durante largos años como residentes regulares (“precarios”), pero sin DNI. Con esta norma, Salta recorta el acceso a la salud de personas que han solicitado protección en Argentina.
- Residentes transitorios: son personas que permanecen en el país durante un periodo corto para realizar una actividad específica. En esta categoría entran los turistas y también personas que, por ejemplo, deben realizarse un tratamiento médico, según lo dispone la Ley Nacional de Migraciones. Sus consumos en el país pagan el IVA (entre otros impuestos).
- En las distintas provincias de nuestro país residen personas extranjeras que tienen años e incluso décadas de arraigo (y familias argentinas) pero que no obstante no han podido tramitar el DNI. Ello suele deberse a problemas en sus documentos de identidad de país de origen, que son muy difíciles de solucionar a través de los consulados.
Por todo esto,
- Lamentamos y repudiamos la decisión del Gobierno de la Provincia de Salta. Carecer de DNI no equivale a carecer de derechos.
- Las y los migrantes son los chivos expiatorios por excelencia ante cualquier situación de crisis. Nada más sencillo ni más “barato” que echarles la culpa por lo que ocurre, o argumentar que los problemas se resuelven con expulsiones o aranceles.
- Convertir a la salud y la educación públicas en mercancías (porque “no hay plata”) es un camino dudoso y mezquino para reducir el gasto, pero es una vía infalible para aumentar la desigualdad, la pobreza, la injusticia y la violencia.
La crisis económica no se resuelve con diagnósticos simplistas y chivos expiatorios. Necesitamos hablar de manera responsable e informada de cuestiones que hacen a la vida cotidiana de millones de personas –argentinas y extranjeras–.
