Gabriela Liguori, directora ejecutiva de CAREF, participó en Sudáfrica del encuentro global de Global Ministries, donde advirtió que la ciudadanía se está convirtiendo en un privilegio financiero y reafirmó que “la migración es un derecho humano”.
La actividad, titulada “Identidad y pertenencia: nacionalismos y resistencia en el mundo actual”, se realizó en Johannesburgo, con la anfitrionía de la Iglesia Congregacional Unida de África Austral (UCCSA). Su primera jornada, el 9 de octubre de 2026, estuvo dedicada a pensar cómo el nacionalismo puede excluir, pero también ser parte de procesos de liberación y justicia. Los oradores distinguieron entre el nacionalismo desde abajo, que puede servir como movimiento de liberación, y el nacionalismo desde arriba, que puede utilizarse para mantener el poder y oprimir a otros.
Participaron referentes de África, Asia, Latinoamérica y el Caribe, Medio Oriente, Europa y Norteamérica. En las sesiones plenarias hubo socios de Sudáfrica, Argentina, Palestina, Indonesia y Estados Unidos, junto a líderes de la UCCSA y a los co-ejecutivos de Global Ministries. Entre los ejes del encuentro estuvieron el colonialismo y el apartheid, la hospitalidad hacia las personas migrantes, el nacionalismo religioso y la solidaridad internacional.
Visión latinoamericana: el migrante como enemigo interno
Liguori presentó la ponencia “La producción del migrante como enemigo: el caso argentino como laboratorio de desmantelamiento de derechos”. Señaló que CAREF nació en 1973, por iniciativa de pastores de iglesias evangélicas históricas, para dar apoyo a quienes huían del golpe de Estado en Chile, y que hoy está integrada por cinco iglesias evangélicas históricas de Argentina.
Sostuvo que los nacionalismos construyen al migrante como un “enemigo interno” y que, en tiempos de crisis, se vuelve “un chivo expiatorio ideal” cuando los gobiernos no resuelven problemas estructurales como la inflación, el desempleo o la degradación de los servicios públicos. Esa construcción encuentra, además, respaldo moral en fundamentalismos religiosos que definen quiénes pertenecen y quiénes deben ser expulsados.
Para ella, la verdadera frontera del nacionalismo contemporáneo “no es geográfica ni cultural; es una frontera de clase”: se criminaliza y precariza a la persona migrante trabajadora, mientras la ciudadanía se ofrece como una mercancía a quien puede pagarla. En Argentina, explicó, eso se tradujo desde 2024 en un desmantelamiento de derechos que se refleja en los datos oficiales: las residencias permanentes otorgadas se redujeron a un tercio entre el primer semestre de 2025 y el de 2026.
Hacia dónde ir
Frente a este panorama, Liguori convocó a las iglesias, las organizaciones de la sociedad civil y las redes comunitarias a asumir “una agenda de resistencia articulada”, que combine la impugnación jurídica con la disputa del debate público a través de información rigurosa. Advirtió también que no hay que demonizar a quienes adhieren a propuestas xenófobas, porque esa adhesión nace con frecuencia del miedo, la desocupación y la desprotección estatal: “Debemos desarmar el engaño discursivo, no estigmatizar al sector social golpeado por la crisis”.
El horizonte, concluyó, es restablecer la idea de que la migración es un derecho humano, porque “no existe democracia plena ni justicia social si una porción significativa de sus habitantes es empujada a la clandestinidad y la desprotección”. Y agregó un llamado a las comunidades de fe: frente a los fundamentalismos que invocan a Dios para justificar la exclusión, reafirmar una fe orientada a la justicia y a la dignidad humana, y recordar que los derechos humanos “son universales o terminan convirtiéndose en una simple mercancía”.
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