Este martes 27 de octubre, desde la Comisión Argentina para personas Migrantes y Refugiadas (CAREF) expusimos sobre el rumbo de la política migratoria argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su audiencia pública 197° en la ciudad de Panamá. Lo hicimos junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Mapa de la Policía, el Equipo de Investigación Política (EdIPo), la Red de Migrantes y Refugiadxs en Argentina, la Central de Trabajadorxs de la Argentina (CTA), la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).
Con datos actualizados –obtenidos a través de pedidos de acceso a la información pública al Ministerio de Seguridad de la Nación y a la Dirección Nacional de Migraciones– mostramos el impacto de las políticas migratorias actuales en el acceso a la residencia, a la documentación y a la salud. También denunciamos el cercenamiento de la libertad de expresión de las personas migrantes y enfatizamos los efectos discriminatorios y estigmatizantes de los operativos de control poblacional.
Desde las organizaciones señalamos que el DNU 366/2025 dio por tierra con una política que durante 20 años facilitó la regularización de más de un millón y medio de migrantes sudamericanos, el 15% de ellos niñas y niños. Esa política aseguraba el pasaje fluido de la residencia temporaria a la permanente y otorgaba un DNI, indispensable para casi todo en la vida cotidiana.
El DNU restringió gravemente el acceso a la residencia permanente y a la renovación de la temporaria al exigir “medios económicos suficientes”, equivalentes a unos 1000 dólares mensuales para una familia de cuatro personas. Esto solo se puede demostrar con pruebas ligadas al trabajo registrado, en un país donde el 45% de los trabajadores no trabaja en estas condiciones. Desde que se aprobó el DNU, las residencias permanentes otorgadas bajaron de 24.000 por semestre a 8.000 entre enero y junio de 2026. Miles de familias fueron empujadas a la irregularidad por una exigencia que muchas personas argentinas no podrían cumplir.
Además, el decreto quitó el derecho a la residencia permanente de quienes tienen hijos, hijas o cónyuges argentinos. De este modo, familias con integrantes argentinos, ya sea hijos o alguno de los cónyuges, pueden quedar expuestas a la irregularidad por no poder demostrar ingresos ante migraciones. Esto puede llevar a la expulsión a pesar del arraigo y la vida familiar.
Por primera vez, tener hijos o hijas nacidas en Argentina, o cónyuge argentino/a, no da derecho a la residencia permanente. Y por primera vez, hijos y cónyuges de residentes permanentes no accederán a una residencia permanente, sino a una residencia temporaria, por tres años.
Es decir que dentro de una misma familia, habrá personas con más derechos que otras. Habrá niños y niñas argentinos, cuyos padres o madres migrantes sólo tendrán acceso a la salud pública en caso de emergencia. Habrá niños y niñas migrantes, con residencia temporaria porque llegaron después que sus padres, que tampoco tendrán acceso a la salud pública. Habrá personas argentinas cuyas parejas estarán en la misma situación.
En la audiencia ante la CIDH, expusimos que el DNU 366 también estableció que, salvo urgencias, la atención gratuita en el sistema público de salud nacional solo está garantizada para quienes tienen residencia permanente, que es cada vez más difícil de obtener. Varias provincias sumaron restricciones propias a esta restricción del gobierno nacional.
Un relevamiento reciente mostró tratamientos, medicación y estudios interrumpidos, solicitantes de asilo sin atención, embarazos sin control oportuno con bebés internados días en neonatología, y niñas, niños y adolescentes atendidos de manera discontinua. Son una fracción mínima de las personas afectadas, todas con domicilio, trabajo y arraigo.
Muchas familias dejaron de ir a los servicios de salud por temor a no ser atendidas o a ser denunciadas. Advertimos que esto provocará más ingresos de urgencia, más complejos y más costosos para los sistemas locales, y más riesgosos para miles de personas.
Según nos informaron el Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), entre el 1° de enero y el 8 de agosto de 2026 se realizaron 691 operativos junto con fuerzas de seguridad federales. Participaron más de 2000 funcionarios, principalmente de la Policía Federal (casi en el 80% de los operativos) y de la Gendarmería (en 15% de los operativos).
Se registró a 7.880 personas. El 93% eran extranjeras con residencia regular, el 5% eran argentinas y solo el 2% (192 personas) estaba en situación migratoria irregular. Casi la mitad de los operativos se hicieron en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo en los barrios de Balvanera, Liniers, Flores y Constitución.
Las voces de quienes viven los efectos del decreto
Lourdes Rivadeneyra, migrante y referente de la Red Nacional de Migrantes y Refugiados, pidió no hablar de estas medidas “únicamente desde lo jurídico o lo administrativo”: “Detrás de cada norma hay personas, familias, mujeres, niños, niñas y adultos mayores”. Contó que la organización recibe denuncias reiteradas de hostigamiento, controles de identidad, requisas y demoras arbitrarias, sobre todo contra personas de piel morena, con rasgos indígenas o afrodescendientes: “Portación de rostro le decimos en Argentina”.
Para Rivadeneyra, el miedo a la expulsión lleva a soportar abusos laborales, salarios adeudados o violencia policial sin denunciar. “Así, nuestros derechos quedan condicionados por el miedo”. Cerró su intervención reclamando que “migrar no es un delito, trabajar no es un delito y exigir respeto tampoco lo es. Los derechos humanos no desaparecen al cruzar una frontera”.
Dina Sánchez, del MTE y secretaria adjunta de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), denunció que los operativos de “control poblacional”, realizados con fuerzas federales y la DNM, se concentran en espacios del comercio informal y golpean a vendedores ambulantes, principalmente migrantes, para quienes esa actividad es la única forma de subsistencia. “Estos operativos tienen como única finalidad atemorizar a la población migrante, perseguirla y hostigarla”, afirmó.
Sánchez explicó además que quienes integran la economía popular no tienen recibo de sueldo y muchas veces no alcanzan a pagar un monotributo, las dos vías para acreditar medios de vida. Sin DNI, dijo, es muy difícil ingresar “al mundo del trabajo” y tampoco se accede de forma gratuita a la salud pública: el decreto empuja a la clandestinidad y a una mayor precarización.
Preocupación del Relator Especial de las Naciones Unidas y del Comisionado de la CIDH
Tras nuestras intervenciones, habló Gehad Madi, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas migrantes. Expresó preocupación por los criterios para demostrar “medios económicos suficientes”, por la eliminación del principio de unidad familiar como base para acceder a la residencia permanente y por la exclusión del sistema de salud pública de quienes son residentes temporarios. “Preocupan tanto los contenidos de estas reformas como los medios por los cuales se instrumentaron. La dirección en la que apuntan y sus efectos acumulativos demandan nuestra especial atención”, expresó.
También cuestionó el lenguaje oficial “que presenta a las personas migrantes y refugiadas como fuente de supuestos problemas o riesgos”, y advirtió que esos discursos “tienden a reforzar la discriminación y a atizar narrativas dañinas y peligrosas”.
El segundo vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) José Luis Caballero Ochoa expresó la necesidad de poner el foco en el tema de la salud. Y preguntó al Estado argentino acerca de los estándares interamericanos vinculados a derechos sociales como el acceso a la salud de las personas migrantes. En este sentido dijo, citando el principio 35, que “no se puede negar la atención médica a un migrante por razón de situación migratoria, ni se puede negar los servicios de salud por falta de documentos de identidad”.
También interrogó al Estado argentino respecto de la necesidad, la urgencia y los fundamentos del decreto 366/2025. Finalmente, manifestó preocupación sobre el tema de la estigmatización y la xenofobia y preguntó “qué se está haciendo en Argentina para reconducir esa política comunicacional”.
En nombre del Estado, Javier Rea, Subdirector Nacional de Migraciones, aseguró que las modificaciones a la Ley de Migraciones –que calificó de relevantes– responden a los nuevos desafíos globales en materia de migraciones. Sin embargo, no explicó –tal como se lo señaló la Secretaria Ejecutiva Tania Reneaum Panszi– a qué se refería con esto.
Respecto de la discrecionalidad en los operativos de control migratorio, Rea señaló que en los operativos “la acreditación de identidad se requiere a toda persona presente sin selección por apariencia, origen o nacionalidad presunta” y aclaró que los operativos realizados no tienden solamente a buscar irregularidad migratoria sino que tienen que ver con un control en relación a la totalidad de la población”. Asimismo, Rea explicó que en 2026 se realizaron menos controles que en 2025 aunque este año tengan una mayor visibilidad pública.
El petitorio
Finalmente, las organizaciones de la sociedad civil solicitamos a la Comisión Interamericana:
- Realizar una visita al país para relevar la situación de las personas migrantes y sus familias.
- Instar al Estado a derogar los Decretos 366/2025 y 681/2026.
- Requerir información al Estado argentino acerca del proceso de evaluación previa a la reforma de la ley de migraciones.
- Solicitar al Estado que evite la difusión de información inexacta, confusa y estigmatizante referida a personas migrantes, de modo de no activar discursos de odio.
- Instar al Estado a respetar y proteger la privacidad y la identidad de las personas en los materiales audiovisuales que se difunden por las redes sociales del Ministerio de Seguridad, la Dirección Nacional de Migraciones y sus funcionarios.
- Expresar preocupación por el retroceso en la protección de los derechos de las personas migrantes y sus familias en Argentina.
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