Frente a las recientes declaraciones e imprecisiones difundidas por funcionarios del Poder Ejecutivo sobre el número de deportaciones en el país, desde CAREF compartimos los datos reales y las series estadísticas oficiales. En las siguientes líneas analizamos la diferencia entre órdenes de expulsión, expulsiones efectivizadas y rechazos en frontera, para contrastar los discursos públicos con las cifras concretas registradas.
Hay dos series distintas que conviene no confundir:
- Órdenes de expulsión dictadas: las que la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) ordena. Disponemos de la serie 2014-2025 (siempre son mayores a las efectivizadas).
- Expulsiones efectivizadas: las que efectivamente se materializaron. Disponemos de la serie 2019-2026 (primer semestre).
Las órdenes se clasifican en dos tipos.
- Penales: vinculadas a antecedentes penales de distinto grado, desde causas graves hasta cuestiones menores con una probation. (En todos los casos, debe ser decidido por un juez. No es Migraciones quien puede determinar un delito).
- Administrativas: vinculadas a no poder resolver la regularización migratoria porque la persona no cumple algún requisito, como un documento vigente del país de origen o el comprobante de ingreso al país.
No contamos con información oficial sobre expulsiones por delitos calificados como terrorismo.
Las expulsiones efectivizadas crecen desde 2023. En el primer semestre de 2026 ya se alcanzó más de la mitad del total de 2025.
Los “30 mil terroristas” de Milei
En una entrevista con Luis Majul en LN+, Milei afirmó que se deportó a unos 10.000 “terroristas” en 2025 y otros 20.000 en lo que va de 2026. Cuando se le pidieron precisiones, no dio datos: los definió como gente que se infiltra desde otros países para “dinamitar el modelo argentino”. Sin embargo, según los registros de CAREF, las expulsiones efectivizadas fueron 920 en 2025 y 470 en el primer semestre de 2026, un total de 1.390. Las órdenes de expulsión dictadas en 2025 fueron 4.787, menos de la mitad de los 10.000 que menciona el Presidente. La cifra difundida de 30.000 equivale a unas 21 veces los casos concretos de este período. Incluso contemplando que la serie de 2026 abarca únicamente hasta junio frente al cómputo presidencial, los números no se acercan en absoluto. A su vez, ninguna de estas medidas respondió a delitos vinculados al terrorismo
El Gobierno no explicó cómo construyó ese número. Ya en el informe de CAREF En Foco N.° 1: “Lo que el Ministerio de Seguridad dice y no dice” (junio de 2026) se analizaban afirmaciones similares de la ministra Alejandra Monteoliva, quien había sostenido que en los últimos meses miles de personas habían sido expulsadas. Más recientemente, el 18 de septiembre, la Ministra amplió esa versión al señalar que más de 20.000 extranjeros fueron «expulsados, rechazados en la frontera o inadmitidos» a partir del endurecimiento de los controles. Al agrupar estas situaciones, se apela a una categoría sustancialmente más amplia que la de deportación, ya que incluye denegaciones de ingreso en los controles migratorios de entrada al país por cuestiones administrativas (tales como documentación vencida o deteriorada, o dudas sobre el carácter turístico del viaje), situaciones totalmente ajenas a la comisión de delitos.
Rechazos en frontera (2014 – 1.º semestre de 2026)
A diferencia de una expulsión —que se aplica a quien ya reside o se encuentra en el territorio nacional—, el rechazo en frontera es una decisión administrativa que impide el ingreso del viajero.
Estas inadmisiones suman decenas de miles al año y son las que más se aproximan a los números globales mencionados por los funcionarios. Durante el primer semestre de 2026 se registraron 10.000 rechazos, un volumen cercano al total de 2025 (16.700).
Dos aspectos destacan en la serie histórica:
El volumen anual de rechazos osciló entre 11.500 y 17.100 en casi todo el período (a excepción de 2021, con 2.200, debido al cierre de fronteras ocasionado por la pandemia).
Los rechazos encuadrados bajo la figura de “falso turista” mostraron un salto drástico, pasando de apenas 46 en 2021 a 6.800 en 2025.
