Cuando en 1973 un grupo de iglesias protestantes históricas de Argentina fundó CAREF, su propósito fue proteger la vida de las personas exiliadas. Este trabajo de asistencia, basado en un profundo sentimiento de solidaridad con las y los refugiados de la región, se llevaría adelante mientras fuera necesario… y acá estamos.
Nuestra organización nació en un contexto adverso: durante la década del 70, uno a uno los países suramericanos iban sucumbiendo frente al avance de las dictaduras militares y el terrorismo de Estado. Sin embargo, aún en esas condiciones, abrimos las puertas para alojar y defender algo todavía más elemental que el derecho a migrar: la vida de las personas.
Este 2023 celebramos nuestro medio siglo de existencia y conmemoramos el vigésimo aniversario de la Ley Nacional de Migraciones, que de forma inédita garantizó el derecho de las personas a migrar. Sin embargo, nos volvemos a enfrentar, como tantas otras veces, con un contexto desfavorable. Como señalamos hace unos días, el protocolo antipiquetes presentado por Patricia Bullrich, ministra de seguridad, expresa entre otros temas de suma gravedad, que si personas extranjeras participan de movilizaciones o cortes de calles, se brindarán sus datos a la Dirección Nacional de Migraciones. Esta medida no solo habilita el resurgimiento de discursos criminalizadores y prácticas estigmatizantes sobre la población migrante, sino también supone la amenaza a una posible expulsión.
Estas medidas se encuentran en sintonía con las disposiciones desarrolladas por Patricia Bullrich durante el gobierno de Mauricio Macri, en tanto fue impulsora del Decreto 70/2017 que facilitaba la expulsión de las personas migrantes ante cualquier hecho vinculado a un conflicto con la ley, aún antes de ser declaradas culpables.
La experiencia de estos años nos demuestra que los discursos que asocian a la migración con disturbios o delincuencia no hacen más que reafirmar prejuicios, incentivar la violencia y la discriminación y formar una sociedad con menos derechos para todas las personas.
Por todo esto, reafirmamos nuestro compromiso cotidiano, como organización ecuménica de derechos humanos especializada en temas migratorios, de seguir acompañando a la población que día a día llega a nuestras oficinas en Buenos Aires, Misiones, Mendoza y Jujuy; trabajar codo a codo, junto a las organizaciones de migrantes, para defender y mejorar las políticas sociales que afectan a niños, niñas, familias enteras y personas de diversas nacionalidades que viven, trabajan y aportan en este suelo. En definitiva, así como cuando integrantes de distintas iglesias se unieron y redactaron el acta que nos dio origen, hoy seguimos defendiendo la vida de las personas y apostando a construir sociedades más justas, igualitarias y plurales.
